El billonario negocio de los alimentos escolares, bajo la lupa

Hace una semana, una nueva lluvia de críticas comenzó a caer sobre el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que maneja el Ministerio de Educación. Esta vez la andanada se suscitó por un informe de la Defensoría del Pueblo que “comprobó serias irregularidades” en la calidad de desayunos y almuerzos que reciben alumnos de primaria y bachillerato.

 

El asunto tiene que ver con alimentos contaminados. El Ministerio Público confirmó anomalías en los municipios guajiros de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, así como en Caracolí, corregimiento de Malambo, Puerto Colombia y Tubará, en Atlántico. Incluidas poblaciones de Chocó, en total fueron 13 localidades en las que detectaron “incumplimiento de la normatividad sanitaria”, “problemas de contratación” y “dificultades en la infraestructura para el almacenamiento y manipulación de los comestibles”.

 

El pasado 10 de julio EL HERALDO había informado que un estudio microbiológico de la Secretaría de Salud del Atlántico –este sirvió de insumo al trabajo de la Defensoría– detectó que más del 80% de los colegios municipales, Centros de Atención Infantiles, CDI, y Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, de 17 poblaciones del Atlántico, en los que tomaron 1.386 muestras, suministraban alimentos contaminados con “coliformes fecales”, “salmonella” y “moho”.

 

A las denuncias del Defensor del Pueblo, Armando Otálora, se sumaron cuestionamientos del Contralor General, Edgardo Maya, quien calificó como “situación muy grave” lo que está sucediendo y, tras recordar que el Ministerio “tiene hoy a su cargo $4 billones para el tema de alimentación”, le hizo un llamado a la titular de ese despacho gubernamental, Gina Parody, para que, de una vez, “piense en la creación de una Unidad administrativa especial autónoma” que maneje estos recursos.

 

En sus cuestionamientos, Maya enfatizó que con el PAE “no se está cumpliendo el cometido: la calidad de la alimentación que se debe dar a los niños”, en especial en el tema de higiene. Sobre el billonario presupuesto denunció que hay “monopolios que han montado alrededor de estos contratos, a nivel municipal y departamental” y enfatizó: “Son contratos que tienen nombre propio”.

 

El 9 de diciembre de 2014 el Ministerio de Educación abrió una convocatoria pública para conformar un banco de oferentes destinado a suscribir un “contrato de aporte” para la operación del Programa de Alimentación Escolar en los municipios del Atlántico, excluyendo a Barranquilla, Malambo y Soledad que tienen manejo directo de estos recursos.

 

El Ministerio informó a EL HERALDO que la contratación con un operador surgió porque “no se suscribió un convenio interadministrativo” con la Gobernación.

 

 

Carlos Prasca, Secretario departamental de Educación, reveló lo que pocos conocen. Un año atrás, el 29 de noviembre de 2013, los departamentos de Cundinamarca –a través de la secretaria de Educación, Piedad Caballero– y Atlántico le enviaron una carta a la entonces ministra María Fernanda Campo en la que le expresaban las “preocupaciones y consecuencias de los críticos inconvenientes” que estaban enfrentando con el manejo del PAE que hacía tránsito del ICBF al Ministerio y de este a los entes territoriales.

 

Señalaban que los convenios con el Bienestar, por pertenecer a un régimen especial, no pagaban tasas, contribuciones o estampillas, pero que al ser suscritos entre las gobernaciones y contratistas, estos tendrían que asumir dichos gastos –Ley 80 de 1993–, los cuales terminarían “afectando” los costos del programa. Además, había que cambiar la modalidad de contratación de las manipuladoras.

 

Le advertían a Campo que esta situación generaba un costo sobre el desayuno o el almuerzo, según fuese la decisión de la entidad territorial, “cercano a un 35% adicional al monto previsto por el Ministerio”, sin incluir en este porcentaje los gastos administrativos para la gestión del programa y la interventoría, situación que ponía en “riesgo la prestación del servicio con calidad y oportunidad en los departamentos del país”.

 

En la misiva, los secretarios señalaron que a raíz de estudios de mercado, realizados entre los departamentos y el Ministerio, quedó en evidencia que el costo de las raciones no correspondía a los valores fijados por ese despacho.

 

Prasca y Caballero explicaban que el Mineducación adoptó –en ese momento– como costo promedio por ración $943 para desayunos y $1.282 para almuerzos, pero los precios mínimos calculados y revisados determinaron que los primeros debían costar $1.370 y los segundos de $2.273.

 

De acuerdo con el estudio, al aplicar estos valores a los cupos que atendía el ICBF a nivel nacional se generaba en el PAE una “desfinanciación de $556 mil millones en 2014, incluidos los municipios certificados”.

 

Prasca explicó que “con estos argumentos le dijimos al Ministerio que tales precios no podían garantizar una alimentación sana, adecuada y balanceada para los estudiantes” y reveló que Atlántico, desde ese momento, decidió no firmar el convenio.

 

Este malestar fue expresado por 26 de los gobernadores que asistieron a la asamblea general celebrada el 5 de diciembre de 2013. Allí firmaron una proposición en la que, con los argumentos anteriores, le anunciaron al Ministerio que no asumirían el PAE hasta tanto “apropiaran los recursos necesarios”.

 

Consideraban los mandatarios que debido al déficit quedaban expuestos a “enfrentar reclamaciones por desequilibrio económico de los contratos”. Sin embargo, después la mayoría de los gobernantes aceptó las condiciones del Mineducación y firmó. Atlántico y Cundinamarca no lo hicieron.

 

El 30 de julio de 2014 ante las quejas recibidas de los entes territoriales, la Procuraduría y la Contraloría General expresaron, en una carta, su preocupación al presidente Juan Manuel Santos.

 

El procurador Alejandro Ordóñez y la entonces contralora Sandra Morelli le pidieron “adoptar medidas urgentes” con el objetivo de “redefinir la finalidad del programa, precisar su alcance, garantizar un sistema de verificación, centralizar un sistema de información y garantizar su sostenibilidad financiera”.

Pero nada se decidió.

 

A la convocatoria abierta para el Atlántico se presentaron 7 uniones temporales. De estas el Ministerio escogió a la Unión Temporal Alimentar, integrada por la Fundación Enlace, Fundaenlace, y la Cooperativa de Servicios Generales La Heroica, Cooseheroica, cuyo representante legal es Alejandro Hernández. (Ver Cerró la llamada)

 

Así figura en el contrato 427 de 2015, cuyo texto dice que fue firmado por $12.871.815.960 entre Hernández y el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Luis Enrique García.

 

Llama la atención, empero, que en respuesta a una consulta hecha por este diario el Ministerio informó, en un correo electrónico, que el contrato con Alimentar “para la operación de la vigencia 2015” tiene un “valor de $13.297.070.022” con el cual se garantiza la prestación del servicio por “120 días del calendario escolar”.

 

En la respuesta señaló que el operador debe entregar “56.457 almuerzos diarios y en el marco de la estrategia de jornada única se entregan 12.143 complementos y 15.872 almuerzos diarios adicionales”.

 

Además, respondió el Mineducación que a precios de hoy –según los valores que ellos han estipulado– “cada ración tiene un costo de $971 por complemento y $1.320 por almuerzo”.

 

Al respecto, Prasca considera que Alimentar fue “irresponsable al haber aceptado un contrato con ese tipo de condiciones”, aunque considera que esto “tampoco es excusa para ofrecer alimentos en mal estado”.

 

Consultas hechas con personas vinculadas a este sector, que pidieron la reserva de su identidad, indican que gran parte de los problemas descubiertos, tanto por la Secretaría de Salud del Atlántico como por la Defensoría del Pueblo, tienen que ver con la “falta de un estricto control diario” a los operadores, no solo al del PAE sino a aquellos contratados por el Bienestar Familiar para atender los Centros de Desarrollo Infantil. Estos contratos en el Atlántico suman $36.953 millones para 2015.

 

También tienen programa de alimentación escolar  Barranquilla, Soledad y Malambo. (Ver Otros contratos)

 

“Aquí y en la región hay operadores que no entregan la cantidad acordada de insumos –carnes,  granos, cereales, etc.– y las manipuladoras deben aceptarlo o sencillamente pierden el trabajo”, aseguró una de las fuentes consultadas.

 

Otra indicó que hay casos en los que la minuta fija unos alimentos y las cantidades, pero terminan dándoles a los niños “productos diferentes”.

 

El Ministerio informó que a IS Colombia, interventora del contrato en Atlántico, le reportaron los hallazgos y debió programar visitas técnicas y tomar muestras microbiológicas para establecer acciones correctivas y preventivas.

 

La pregunta que surge es: ¿Ante contratos en los que el Estado invierte billones de pesos, qué debe hacerse para que los estudiantes beneficiados reciban la mejor alimentación?

 

La nutricionista Ludmila Patrón opina que, evidentemente, debe existir una “supervisión diaria y permanente” de parte de nutricionistas.

 

Pero, este diario encontró que esto no se cumple y que una nutricionista puede ser contratada para vigilar seis o más colegios, incluso en diferentes municipalidades.

 

Recomienda Patrón que en los colegios y otras entidades con alimentación escolar funcionen veedurías conformadas por estudiantes, padres de familias, docentes y directivos, que “sean entrenados” para vigilar el cumplimiento de las minutas patrón y diarias, que los operadores deben facilitar. Ese comité, incluso, debe tomar fotos y pesar la materia prima que entrega el operador con el fin de tener un registro de la calidad de los productos y de las cantidades recibidas.

 

Es vital adecuar las cocinas con buena ventilación, iluminación y cuartos fríos. Esto tampoco se cumple en la mayoría de instituciones, como sucede en Santo Tomás. (Ver nota anexa: Hay problemas de infraestructura)

 

“Los padres deben conocer la cantidad y el tipo de alimentos a recibir por los alumnos para una adecuada nutrición, incluso que sepan que este proceso no se trata de cantidad sino de calidad”, indicó otra nutricionista.

 

Se considera importante que antes de iniciar un plan de alimentación evalúen el estado nutricional de cada estudiante para conocer su talla y peso, a fin de “orientar de manera adecuada” el tipo de atención que hay que poner en práctica (incluso para los pocos alumnos obesos). “Al final del programa, igual, hay que evaluar el estado nutricional de cada estudiante y así se sabrá si lo que se hizo surtió efecto”, señaló Patrón.

 

EL HERALDO quiso dialogar con la ministra Parody sobre el caso de Alimentar y los reclamos por los bajos valores de las raciones alimenticias, pero la respuesta fue que ella “no va a hablar del PAE hasta que no tengamos el parte de la investigación”.

 

Tras las denuncias sobre la mala calidad de los alimentos, la Fiscalía prepara una investigación. “Nada de esto debe seguir pasando y hay que preservar el bienestar de menores”, dijo un vocero.

 

En Barranquilla la alimentación escolar, para suministrar 21.483 almuerzos y 46.869 complementos alimentarios, fue suscrito con la Unión Temporal Construir Bienestar 2015, cuyo representante legal es Francisco Duarte. Fue el único proponente de una licitación. El valor es de $8.214.437.162. En Malambo el operador, mediante un contrato de asociación, es la Fundación Propuesta Social del Futuro. Su representante legal es Martha Inés Palencia de Castro. El contrato tiene un valor de $1.602.720.094 para 9.677 desayunos y 4.104 almuerzos diarios. En Soledad la alimentación fue contratada con la Fundación Social Progresar, representada por Ludis Ibeth Alvarino Ochoa, luego de un convenio con el Mineducación para 13.248 desayunos y 4.630 almuerzos, durante 79 días del segundo semestre. El valor es de $2.097.073.912.

 

En el presupuesto del Departamento del Atlántico serán incluidos entre cinco mil y siete mil millones de pesos para apoyar el Programa de Alimentación Escolar que ejecuta el Ministerio de Educación en el Departamento del Atlántico.

En tal sentido se expresó el Gobernador José Antonio Segebre Berardinelli, quien anunció que esta semana será instalada la Mesa de Alimentos donde se ha invitado al ministerio de Educación y todas las instituciones comprometidas con el propósito de tratar este tema.

Del mismo modo, el mandatario seccional informó que próximamente serán invertidos $500 millones para el cambio de todo el menaje (vajilla y cubertería, servicio de mesa en general) de los colegios de los municipios del Atlántico.

 

EL HERALDO visitó el viernes a las 8:30 a.m. la sede de la Alimentar, en la bodega M1-1 del Parque Industrial de la vía Circunvalar, Metro Parque. Luego de varios minutos, una empleada informó que no se encontraba Robinson Palomino, directivo de la firma, y dijo que no sabían a qué hora regresaba. Por teléfono, Palomino afirmó que la información sobre la contaminación de los alimentos estaba basada en “exámenes microbiológicos que tuvieron un procedimiento irregular” de la Secretaria de Salud Departamental porque “debieron entregar una contra muestra y avisar para hacer acompañamiento”. Señaló que implementaron correctivos con el acompañamiento del Mineducación y dijo que estaba haciendo  unas “supervisiones”. Al preguntarle sobre la conformación de la unión temporal, dijo: “No puedo seguir hablando” y cerró la llamada, sin permitir preguntarle si tiene vínculos con algún grupo político. De Alimentar hace parte  Fundanlace, entidad que en diciembre ganó un contrato por $1.071 millones para atender un CDI del Bienestar Familiar en Palmar de Varela.