Maiceros solicitan trabajo porque no quieren sembrar.

La protesta, que se llevó a cabo por las principales calles del municipio de Cereté, se prolongó hasta el mediodía. Foto Eduardo García

Cereté. Córdoba.

En medio de la protesta pacífica que realizaron en el municipio de Cereté ayer de mañana, los pequeños y medianos productores de maíz en Córdoba le pidieron al Gobierno que amplíe sus nóminas para que les den empleo y así poder seguir sosteniendo a sus familias.

Los agricultores sencillamente no se atreven a sembrar este año la misma cantidad que en años anteriores, debido a la falta de precios mínimos que garanticen una rentabilidad, por lo menos, regular. El estado está ofreciendo $500 mil por tonelada y los productores solicitan al menos $750 mil.

El año pasado los productores de maíz perdieron $40 mil millones.

Muchos confirmaron que enfrentan embargos con corporaciones bancarias y casas comerciales.

Trascendió en el marco de la movilización que el Gobierno tiene huérfanos a los campesinos, en cuanto a los altos costos de los insumos. Es decir, no hay control de los precios.

En respuesta al no rotundo del Ministerio de Agricultura, en el sentido de garantizar mejores precios por tonelada del cereal, los cultivadores dijeron que se abstendrán indefinidamente de sembrar.

Por lo menos el área de cosecha se reduce a la mitad, es decir, de 30 mil hectáreas que se siembran en el primer periodo del año, sólo se cultivarán entre 15 mil y 18 mil.

Las 80 mil hectáreas que se siembran en las dos temporadas del grano en Córdoba, se generan cerca de dos millones de jornales en el campo.

Lo anterior lo explica el coordinador de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, Fenalce, en Córdoba, Pluvio Otero, que son 7.900 empleos directos.

“Si no se llegase a sembrar maíz sería desastroso”, sostuvo Otero en medio de la protesta pacífica que se extendió hasta el mediodía por las calles de la población.

Así las cosas los agricultores que se atreverán a sembrar lo harán a cuenta y riesgo propio, sin ningún respaldo estatal.

Procesos de embargo

Rosmi Rojas Luna, presidente de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en Córdoba, y fiscal de esa misma organización en el país, dijo que de la cosecha pasada los agricultores quedaron en deuda con las casas comerciales que adelantan procesos de embargo contra los morosos.

Hasta ahora, según lo reiteraron varios productores, están pagando las consecuencias de esa situación, por lo que temen continuar con la labor que por años les ha permitido su sostenimiento.
 

Nota Tomada del Heraldo