NACION: Denuncian que la Drummond y el Gobierno incumplieron suspensión del fracking

Dos organizaciones ambientalistas presentaron un incidente de desacato en medio de la audiencia que se lleva en el Consejo de Estado sobre la discusión de implementar esta técnica de extracción de hidrocarburos. Desde noviembre del año pasado el alto tribunal suspendió esta práctica de manera preventiva.

 

En medio de la audiencia de recolección de testimonios por parte del Consejo de Estado para definir si habrá fracking para la exploración y explotación de petróleo y gas en el país en yacimientos no convencionales en Colombia, la Corporación Podion y la Alianza Colombia Libre de Fracking presentaron un incidente de desacato ante el alto tribunal. Se trata de un supuesto incumplimiento, según las dos organizaciones ambientalistas, por parte del Gobierno ante la suspensión que esa misma alta corte ordenó en noviembre 2018 mientras se estudia a fondo cuáles son los posibles impactos del fracking. 

 

De acuerdo con la denuncia de las dos organizaciones, la multinacional Drummond actualmente se encuentra explotando 15 pozos de gas, utilizando en su proyecto Caporo Norte del bloque La Loma, ubicado entre los municipios de Chiriguaná y La Jagua en el departamento de Cesar. Para Luis Enrique Orduz, coordinador del programa socioambiental de la Corporación Podion e integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, “con la medida cautelar del Consejo de Estado el Gobierno debió suspender no solo el trámite de licencias, sino también todos los contratos suscritos para yacimientos no convencionales y las licencias otorgadas a la Drummond para explotar gas asociado a mantos de carbón en el departamento del Cesar”.

 

David Uribe, abogado de la Corporación Podion e integrante de la Alianza señaló que, pese a "tener conocimiento" de esta actividad por parte de la Drummond, los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA ) "han venido desacatando la decisión proferida por el alto tribunal y permitiendo que los proyectos de la multinacional que han utilizado la técnica del fracturamiento hidraúlico, sigan avanzando sin contar con el marco normativo que permita estas operaciones. No entendemos como la ANLA otorgó en 2015 licencias para la fase de explotación de yacimientos no convencionales, cuando a hoy no existe normatividad que permita evaluar este tipo de licencias”.

 

En manos del alto tribunal también está el estudio de un recurso de súplica por parte del Gobierno con el fin de que se levante la suspensión que el magistrado Ramiro Pazos Guerrero  ordenó en noviembre pasado. Con respecto a esta decisión que se avecina, mientras la Corte sigue recogiendo testimonios para tomar una decisión de fondo sobre el fracking, Carlos Andrés Santiago, integrante de la Alianza considera que “no hay hechos nuevos que modifiquen la situación que los llevó a expedir la medida cautelar y lleve a pensar que no debe aplicarse el principio de precaución, por lo que debe mantenerse la suspensión y exigirse al Gobierno que cumpla las decisiones judiciales”.

 

En su momento, el magistrados Pasos señaló que la autorización en el país para la aplicación del fracking puede acarrear una afectación grave al medio ambiente y a la salud humana. También acogió las advertencias de la Contraloría General que señaló, en 2012, que el aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la consecuente afectación de la salubridad, provocadas por el fracking, eran potencialmente riesgosas con mayor razón si la técnica se desarrollaba, por ejemplo, en zonas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos como los páramos.

 

¿Qué dice la Drummond?

 

La compañía informó que en 2004 firmó el Contrato de Exploración y Producción para desarrollar hidrocarburos en general, incluyendo el gas de los yacimientos de carbón. "Después de varios años de trabajos de exploración, bajo los más estrictos requerimientos técnicos, ambientales y sociales, Drummond declaró la comercialidad de este campo en 2012. Simultáneamente, en ese año, la empresa inició el proceso de licenciamiento ambiental para la producción del área del campo Caporo, basado en las regulaciones vigentes en ese momento", señaló la multinacional.

 

Para ello, Drummond Energy, dice la compañía, llevó a cabo un estudio ambiental que tuvo en consideración "los más altos estándares de cuidado de los recursos", así como todo un plan de gestión y mitigación de impactos. Esta licencia ambiental para la producción de Caporo fue aprobada en 2016. "Durante 2017 y la primera mitad de 2018, 15 pozos del campo Caporo fueron perforados. Desde entonces, Drummond Energy ha producido gas de los yacimientos de carbón en el campo Caporo. Es importante destacar que estos pozos fueron perforados verticalmente e intervenidos con una técnica de estimulación hidráulica tradicional, similar a la que se ha utilizado en el país por más de 50 años, en campos como Cusiana, Cupiagua y Apiay, entre otros", puntualizó la firma extranjera.Dos organizaciones ambientalistas presentaron un incidente de desacato en medio de la audiencia que se lleva en el Consejo de Estado sobre la discusión de implementar esta técnica de extracción de hidrocarburos. Desde noviembre del año pasado el alto tribunal suspendió esta práctica de manera preventiva.

 

En medio de la audiencia de recolección de testimonios por parte del Consejo de Estado para definir si habrá fracking para la exploración y explotación de petróleo y gas en el país en yacimientos no convencionales en Colombia, la Corporación Podion y la Alianza Colombia Libre de Fracking presentaron un incidente de desacato ante el alto tribunal. Se trata de un supuesto incumplimiento, según las dos organizaciones ambientalistas, por parte del Gobierno ante la suspensión que esa misma alta corte ordenó en noviembre 2018 mientras se estudia a fondo cuáles son los posibles impactos del fracking. 

 

De acuerdo con la denuncia de las dos organizaciones, la multinacional Drummond actualmente se encuentra explotando 15 pozos de gas, utilizando en su proyecto Caporo Norte del bloque La Loma, ubicado entre los municipios de Chiriguaná y La Jagua en el departamento de Cesar. Para Luis Enrique Orduz, coordinador del programa socioambiental de la Corporación Podion e integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, “con la medida cautelar del Consejo de Estado el Gobierno debió suspender no solo el trámite de licencias, sino también todos los contratos suscritos para yacimientos no convencionales y las licencias otorgadas a la Drummond para explotar gas asociado a mantos de carbón en el departamento del Cesar”.

 

David Uribe, abogado de la Corporación Podion e integrante de la Alianza señaló que, pese a "tener conocimiento" de esta actividad por parte de la Drummond, los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA ) "han venido desacatando la decisión proferida por el alto tribunal y permitiendo que los proyectos de la multinacional que han utilizado la técnica del fracturamiento hidraúlico, sigan avanzando sin contar con el marco normativo que permita estas operaciones. No entendemos como la ANLA otorgó en 2015 licencias para la fase de explotación de yacimientos no convencionales, cuando a hoy no existe normatividad que permita evaluar este tipo de licencias”.

 

En manos del alto tribunal también está el estudio de un recurso de súplica por parte del Gobierno con el fin de que se levante la suspensión que el magistrado Ramiro Pazos Guerrero  ordenó en noviembre pasado. Con respecto a esta decisión que se avecina, mientras la Corte sigue recogiendo testimonios para tomar una decisión de fondo sobre el fracking, Carlos Andrés Santiago, integrante de la Alianza considera que “no hay hechos nuevos que modifiquen la situación que los llevó a expedir la medida cautelar y lleve a pensar que no debe aplicarse el principio de precaución, por lo que debe mantenerse la suspensión y exigirse al Gobierno que cumpla las decisiones judiciales”.

 

En su momento, el magistrados Pasos señaló que la autorización en el país para la aplicación del fracking puede acarrear una afectación grave al medio ambiente y a la salud humana. También acogió las advertencias de la Contraloría General que señaló, en 2012, que el aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la consecuente afectación de la salubridad, provocadas por el fracking, eran potencialmente riesgosas con mayor razón si la técnica se desarrollaba, por ejemplo, en zonas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos como los páramos.

 

¿Qué dice la Drummond?

 

La compañía informó que en 2004 firmó el Contrato de Exploración y Producción para desarrollar hidrocarburos en general, incluyendo el gas de los yacimientos de carbón. "Después de varios años de trabajos de exploración, bajo los más estrictos requerimientos técnicos, ambientales y sociales, Drummond declaró la comercialidad de este campo en 2012. Simultáneamente, en ese año, la empresa inició el proceso de licenciamiento ambiental para la producción del área del campo Caporo, basado en las regulaciones vigentes en ese momento", señaló la multinacional.

 

Para ello, Drummond Energy, dice la compañía, llevó a cabo un estudio ambiental que tuvo en consideración "los más altos estándares de cuidado de los recursos", así como todo un plan de gestión y mitigación de impactos. Esta licencia ambiental para la producción de Caporo fue aprobada en 2016. "Durante 2017 y la primera mitad de 2018, 15 pozos del campo Caporo fueron perforados. Desde entonces, Drummond Energy ha producido gas de los yacimientos de carbón en el campo Caporo. Es importante destacar que estos pozos fueron perforados verticalmente e intervenidos con una técnica de estimulación hidráulica tradicional, similar a la que se ha utilizado en el país por más de 50 años, en campos como Cusiana, Cupiagua y Apiay, entre otros", puntualizó la firma extranjera.