Trampas y extralimitaciones, detonantes de la crisis en la Universidad del Atlántico
27.01.2020 10:24
Diario La Libertad.
La Unidad de Investigación del Diario La Libertad se ha dado a la tarea de indagar a fondo los problemas al interior de la Universidad del Atlántico, logrando conocer algunas situaciones que mantienen una crisis, no ahora, sino que viene calando desde hace varios años.
La gran crisis de la universidad, tiene su origen en la malversación de los recursos económicos de la estampilla Pro Ciudadela Universitaria del Atlántico, que son manejados en la sede de la Gobernación del Atlántico por su secretario ejecutivo el ingeniero civil Salim David Suz Maya, que viene de la anterior administración y fue ratificado en el mismo cargo para este periodo. Recursos que son cuestionados por un grupo veedor de estudiantes de la UDEA, quienes en el año 2011, a través del abogado penalista Dr. Antonio Nieto Guette, denunciaron ante la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República las irregularidades detectadas.
Cabe anotar que Salim David Suz Maya fue el ejecutor de los recursos de la estampilla pro hospital universitario Cari ESE previa a la quiebra y crisis de la ESE Cari de Alta Complejidad.
Desviación de recursos por recaudo de la estampilla “Pro Ciudadela Universitaria del Atlántico”
Como resultado de algunas actuaciones se encontraron que aparecen cargados a los recursos de la estampilla Prociudadela, gastos de funcionamiento de un despacho de la Gobernación como es la secretaria de la Ciudadela Universitaria. Dicha dependencia no corresponde a lo normado por las leyes que crean y regulan la estampilla, que dicen que la Junta tendrá una secretaria ejecutiva nombrada por el gobernador, presentada por los restantes miembros de la junta al fungir como secretario ejecutivo un secretario de despacho que no ha sido nombrado sino por la facultad discrecional del gobernador, el nombramiento y las funciones van en contravía de la norma. Si la junta intervino en la nominación entonces estaría excediendo de su órbita de competencia inmiscuyéndose en asuntos administrativos que solo competen al mandatario departamental.
Tanto el nombramiento como las funciones, vulneran lo normado, extralimitándose en sus competencias, como asuntos administrativos que solo competen al mandatario departamental y que en virtud de lo señalado, las nóminas paralelas a la entidad, gastos del Gobernador, suministro de papelería, materiales y útil es de oficina para la Secretaria ProCiudadela.
En años anteriores se registró una denuncia de lo normado como el caso del suministro de lubricantes de la camioneta de placas GPS052 adscrita a la Secretaría, la cual no brinda ningún servicio a la universidad y está por fuera de su parque automotor, todo cubierto por la Universidad del Atlántico.
Otros gastos denunciados que debió asumir el presupuesto general de la universidad son los de vigilancia, aseo y zonas verdes, amparados con conceptos como sostenibilidad ecológica de las zonas verdes, los cuales resultan onerosos para el ente. En primer lugar porque resta posibilidades de inversión-razón d ser del impuesto Prociudadela y en segundo lugar porque son contratos menores de seis meses, que por su monto algunas veces no van a licitación pública en un mercado abierto donde las condiciones favorecerían a la universidad, a tal punto llega el desorden en este tipo de contratos que en vigencias anteriores con la del año 2005 se encontró un contrato de transacción para reconocer el pago del mantenimiento de jardines y canchas del 2004.
Existen contratos como el de mantenimiento, adecuación de la estación de bombeo de pozo húmedo de aguas negras y la la laguna de estabilización residuales, tratados y lluvias, mantenimiento de planta de emisario final de aguas negras, entre otros también contrato de consultoría técnica que formaría parte integral del contrato de la unión Temporal Carlos Vengal-Valorcom. A través de la secretaria de despacho que hace las veces de ordenar del gasto que hace las veces de los recursos de estampillas, donde se destinaron dineros de la universidad para mantenimiento y adecuación de la oficina de la secretaria Ciudadela universitaria de la Gobernación, es decir invertían recursos de la inversión en gastos de funcionamiento de la gobernación del Atlántico como sucedió también en aquel entonces con el contrato de adecuación y dotación de sala de audiencias públicas y juntas de la Ciudadela Universidad del Atlántico.
El mico existe del 20% y otro mico del 20% por ser aprobado
De acuerdo a la ley 77 de 1981 que no debe destinarse para gastos de funcionamiento, que su destinación es especifica para nóminas prestaciones sociales pero no debe destinarse para nóminas paralelas y contratistas y que del presupuesto general de la Nación se destina lo que es para nóminas y prestaciones sociales y que el artículo 94 de la ley 633 del 2000 que modifica la anterior ley por el cual se crea la junta Prociudadela Universitaria del Atlántico, la cual está vigente y dice que en su Art. 94. El Departamento del Atlántico en su calidad de ente recaudador del producto del impuesto denominado Estampilla “Ciudadela Universitaria del Atlántico”, administrará el 100 por ciento (100%) del recurso de la estampilla a través de la Junta Especial denominada “Junta Universitaria del Atlántico”, dicho impuesto quedará vigente de manera indefinida y se utilizará destinando el ochenta por ciento (80%) para la construcción, dotación y sostenimiento de la Universidad del Atlántico y el veinte por ciento (20%), para la construcción de vivienda de interés social infraestructura de servicios públicos domiciliarios del departamento del Atlántico. Pero la Ley 863 del 2003 dice que el 20% de estos recursos deben destinarse para el pago de pensiones y la forma como violan la destinación especifica es través de una maniobra o trampa contable que se gesta en la Tesorería y Planeación departamental.
Cabe recordar que en el 2011 fue denunciado por la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República ante la Procuraduría Provincial del Atlántico y la Fiscalía Seccional, con fines disciplinarios y penales, denuncia que hasta el momento no han prosperado localmente.
Además del saqueo del 20% de la Estampilla Prociudadela Universitaria hay un nuevo proyecto de Ley Nº 104 del 2018 en el cual autoriza a la Asamblea Departamental para que modifica la destinación de los recursos provenientes de la emisión de la mencionada estampilla, donde se busca es que ese nuevo 20% sea destinado a la erradicación de los tugurios, lo cual es una incongruencia jurídica de que recursos de la educación superior sean desviados para otros menesteres.
Tanto el nombramiento como las funciones, vulneran lo normado, extralimitándose en sus competencias, como asuntos administrativos que solo competen al mandatario departamental y que en virtud de lo señalado, las nóminas paralelas a la entidad, gastos del Gobernador, suministro de papelería, materiales y útiles de oficina para la Secretaría ProCiudadela y lubricantes de la camioneta de placas GPS052 adscrita a la Secretaría, la cual no brinda ningún servicio a la universidad y está por fuera de su parque automotor, todo cubierto por la Universidad del Atlántico.
Mesa de diálogo con la Gobernadora Elsa Noguera
Sobre el particular, la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, ha tenido las mejores intenciones con la Universidad del Atlántico, sin embargo, ha sido demorada una solución contundente que pueda conducir a una definitiva y libre puesta en marcha de las actividades académicas, pues a pesar de que el pasado 21 de enero, convocó al Consejo Superior y escuchó de viva voz la verdadera problemática de la universidad, como que el Consejo de los 9 miembros que lo conforman, solo sesionan 6, debido a que los estudiantes perdieron su participación o representatividad desde hace cerca de 1 año, como resultado de algunas triquiñüelas jurídicas de las que se valió la pasada administración, entre otra irregularidades, se espera de un pronunciamiento oficial.
No obstante, como hecho sobreviniente está la percepción de parálisis o de pérdida de lo avanzado en los días que funcionó la mesa técnica de diálogo, inferencia hecha del mensaje twitter emitido por la Gobernadora a las 10:31 p.m., del 24 de enero del 2020, “Nos retiramos de reunión con mesa técnica de @udeatlantico que analiza los estatutos. Es la tercera vez que nos sentamos con los estudiantes que están en el campamento, lamentablemente a pesar de todos los espacios de diálogo y haber cumplido lo pactado, no cumplieron acuerdo”.
Sin embargo, el Consejo Superior de la Universidad del Atlantico, en uso de la autonomía universitaria, expidió el pasado 24 de enero de 2020, la resolución 000001 de 2020, donde resuelve:
El reinicio de la Comisión Técnica para continuar la revisión de la propuesta de reforma al Estatuto General de la UDEA.
Socialización, retroalimentación y enriquecimiento de la propuesta de reforma al Estatuto General de la UDEA por parte del resto de la comunidad universitaria.
Discusión y aprobación de la propuesta de reforma al estatuto General de la Universidad del Atlantico por parte del Consejo Superior.
Nacen los siguientes interrogantes:
¿Si la renuncia del Ex rector Prasca era la petición, por qué continúa la crisis con el nuevo Rector?
¿Es necesario el cese académico para estudiar las modificaciones a los estatutos propuesto por los tomistas?
¿De dónde salen los recursos o sostenibilidad para mantener la resistencia tomista?
¿Por qué el Ex gobernador Eduardo Verano De la Rosa no se apersonó de la problemática de la Universidad del Atlántico y concertó de Inmediato una mesa de diálogo abierta?
¿La Ministra de Educación, María Victoria Angulo, por qué resta importancia a la crisis de la Universidad del Atlántico y guarda silencio?
¿Qué indagación preliminar ha adelantado la Procuraduría contra funcionarios que bien sea por acción u omisión no hayan hecho frente a la crisis?
Siendo así las cosas existe un ambiente inapropiado para una institución superior que se prepara para sostener su acreditación institucional, trabajar el nuevo Plan Estratégico (2020 -2029), el Plan de Desarrollo, renovar el registro calificado y la renovación en acreditación de calidad de varios programas académicos de pre grado y post grado, ampliar la oferta académica a otros municipios del Departamento del Atlántico y recientemente, modificar su Estatuto General.
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